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Ivón Anahí Hernández Ávila
En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) es el regulación superior a nivel nacional en materia de regulación de residuos, y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU). La gestión integral es uno de los pilares con los que la LGPGIR busca que, por medio de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, se dé un adecuado manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. Para tener un acercamiento directo sobre las condiciones en las que se llevan a cabo las disposiciones existentes sobre la GIRSU, particularmente en los municipios —a los que corresponde por ley hacerse cargo de los residuos sólidos urbanos—, se realizó una investigación en el municipio de Maravatío, Michoacán, durante el período de septiembre de 2011 a agosto de 2013, detectándose diversos elementos que obstruyen que se lleve a cabo.
