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El artículo analiza los problemas legales con los que se enfrenta la Corte Penal Internacional (CPI) para hacer cumplir las órdenes de arresto dictadas contra el jefe de Estado sudanés Omaar Al Bashir, por la supuesta comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El objeto es exponer las dificultades de aplicación práctica de las tres dimensiones normativas que afectan directamente al caso, esto es, la improcedencia del cargo oficial, las excepciones a la inmunidad de los jefes de Estado por la comisión de crímenes internacionales y la obligación de los Estados de cooperar con la CPI. Se analiza hasta qué punto la improcedencia del cargo oficial puede surtir todos sus efectos a la luz del Estatuto de la CPI y frente al jefe de Estado de Sudán, que no es parte en el mismo. En el caso Al Bashir, el incumplimiento de los Estados de la obligación de cooperar ha llevado a la Corte a plantear soluciones jurídicas dudosas, algunas en el marco del Derecho consuetudinario, y otras en el marco de la Resolución del Consejo de Seguridad que remite la situación a la Corte. Como conclusión, el artículo cuestiona la autoridad demostrada por la Corte, dada la dispersión de los criterios interpretativos empleados en su argumentación jurídica.
