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, Francesca Ippolito
El propósito de este trabajo es explorar de qué modo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha valido de los conceptos de dignidad humana y vulnerabilidad para proteger determinados derechos sociales de los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular en el territorio de la Unión. Con ese fin se realiza un análisis comparativo de esa jurisprudencia con la emanada de otros órganos europeos de protección de derechos humanos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales. Se trataría de analizar, en este sentido, si cabría hablar de un diálogo judicial en lo que hace al establecimiento de un estándar mínimo de derechos socio-económicos de los inmigrantes en situación administrativa irregular en Europa y de qué modo ha contribuido a ello la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De otro lado, se valora si puede hablarse en este ámbito de un diálogo vertical. Se analiza, en concreto, de qué modo han contribuido a este debate los Tribunales Constitucionales de algunos Estados miembros, en particular el español, y si su doctrina coincide con la avanzada internacionalmente.
This work aims to analyze how the Court of Justice of the European Union has founded the protection of certain social rights of irregular migrants in the notions of human dignity and vulnerability. For that purpose, the paper addresses a comparative analysis of the European Court of Justice's case law and the jurisprudence of other European human rights mechanisms: The European Court of Human Rights and the European Committee of Social Rights. The authors try to explore, in this sense, if it is possible to talk about a judicial dialogue aiming to the establishment of a minimum standard of socio-economic rights of irregular migrants in Europe and how the European Court of Justice's case-law has contributed to it. Finally, the paper evaluates if we can talk about a vertical judicial dialogue in this regard. In particular, it examines how the Constitutional Court of certain Member States, in particular the Spanish Constitutional Court, have contributed to this debate and if their case law meets the international human rights law standards.
