Acceso usuarios
Eva Blasco Hedo
El espectro radioeléctrico es un recurso fundamental para la prestación de servicios y cada vez tiene mayor importancia en nuestra economía, si bien resulta necesario poner a disposición de los operadores una mayor cantidad que garantice el uso de bandas de frecuencia de una forma más eficiente. De ahí que la Directiva 2009/114/CE habilite a los Estados miembros a modificar o reconsiderar los derechos de uso del espectro con la finalidad de evitar falseamientos de competencia en los mercados.
Con el objetivo de incorporar dicha Directiva a nuestro ordenamiento jurídico, se ha aprobado por el artículo 47 de la Ley de Economía Sostenible la utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz y de 1.800 MHz al tiempo de habilitar al Gobierno a determinar, mediante real decreto, el procedimiento y las condiciones que deberán cumplirse para que dichas bandas de frecuencias puedan utilizarse por sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM.
Este es precisamente el objetivo de esta norma, que consta de nueve artículos, tres disposiciones adicionales, una derogatoria y siete finales. La primera de sus medidas adoptadas es la introducción del principio de neutralidad tecnológica, lo que supone una revaloración de las concesiones demaniales otorgadas en dichas bandas, al tiempo que se aprueban un conjunto de medidas no sólo para reequilibrar las condiciones del mercado de las comunicaciones móviles, sino incluso mejorar la competencia del mismo. Incluso se acuerda la reversión al Estado de distintos bloques de frecuencias asignados a diversas compañías telefónicas que alterará el equilibrio económico-financiero de las concesiones demaniales afectadas, que se compensará a través de la extensión del período de vigencia de las concesiones, a solicitud del concesionario, a cambio de contraprestaciones económicas del operador a favor del estado y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2030. Los bloques de frecuencia que revierten al Estado serán asignados de nuevo mediante licitación pública.
Asimismo, destacan como objetivos de esta norma la promoción del uso del dominio público radioeléctrico como factor de desarrollo técnico, económico, de seguridad, del interés público, social y cultural. El fomento de una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas. La realización de inversiones en infraestructuras. La mayor extensión de la cobertura de los servicios de comunicaciones electrónicas y el fomento de la innovación.
Esta norma también tiene como objeto el establecimiento de una serie de actuaciones en materia de espectro radioeléctrico dirigidas a impulsar el desarrollo de la sociedad digital. Al efecto, se persigue poner a disposición del mercado la mayor cantidad de espectro radioeléctrico posible para garantizar un uso más eficiente y eficaz del dominio público radioeléctrico. También pretende promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías, que fomenten una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Economía sostenible, se amplían las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico. En las de mayor interés comercial para los operadores y con mayor repercusión social, se realizarán dichas operaciones con la finalidad de garantizar un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico.
Se autoriza a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones para resolver sobre los ajustes o adaptaciones técnicas, incluido el cambio que conforma cada concesión demanial, para garantizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico.
En lo relativo a la preparación y adjudicación de las licitaciones previstas en el presente real decreto será de aplicación supletoria la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo.
Entrada en vigor: 3 de abril de 2011 Normas afectadas: Modifica la disposición adicional primera del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo y le añade las disposiciones adicionales tercera y cuarta
