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Enrique J. Martínez Pérez 
El artículo 27 del Protocolo de Cartagena, en vigor desde el 11 de septiembre de 2003, encomendó a la Conferencia de las Partes la adopción de normas y procedimientos internacionales en el ámbito de la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados. La negociaciones se iniciaron en el marco de un Grupo especial de trabajo (integrado por expertos jurídicos y técnicos en la materia) y finalizaron en el seno de un Grupo de los Amigos de los Co-Presidentes sobre responsabilidad y compensación (con una composición restringida de naturaleza gubernamental) durante su cuarta reunión, unos días antes del comienzo de la quinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena (COP/MOP-5) que tuvo lugar del 10 al 15 de octubre de 2010 en Nagoya (Japón). Aunque es un primer paso importante para lograr una armonización en la materia, el texto se encuentra repleto de remisiones a la legislación nacional, por lo que no se espera una aplicación uniforme de sus disposiciones. Habrá que estar además pendiente de la labor que en este campo realice la Conferencia de las Partes, encargada de adoptar las decisiones necesarias para promover y supervisar la aplicación eficaz de sus disposiciones.
El Protocolo, estructurado en 21 artículos, responde al principio «quien contamina paga», en la línea de otros instrumentos jurídicos como la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. El principal precepto es el artículo 5, que obliga a los operadores a informar inmediatamente a las autoridades competentes en el caso de daño ambiental y a tomar las medidas de respuesta oportunas. Además, sobre la base de la mejor información científica disponible, se exige también la adopción de medidas preventivas cuando se demuestre la probabilidad de daños futuros. En su ausencia, se prevé la ejecución subsidiaria por parte de la Administración (autoridad competente), aunque ésta tendrá el derecho a recuperar los gastos ocasionados por las medidas preventivas o reparadoras adoptadas.
Los conceptos de “daño” y de “operador”, así como la expresión “medidas de respuesta”, son definidos de una manera amplia (art.2). El primero comprende un efecto adverso significativo en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, sin olvidar los riesgos en la salud humana, que puedan medirse u observarse científicamente. No obstante, se excluyen los de carácter difuso, a no ser que se establezca claramente un vínculo causal entre los daños y los organismos vivos modificados. El segundo hace referencia a cualquier persona que tenga el control directo o indirecto del organismo modificado genéticamente, entre otros, el titular del permiso, el productor, el notificador, el exportador, el importador, el transportista o el proveedor. Y la tercera incluye medidas preventivas (para reducir, contener, mitigar o evitar el daño) y medidas reparadoras. Como es habitual, se da preferencia a la restauración primaria (la devolución al estado primigenio) sobre la reparación complementaria o compensatoria (sustitución de los componentes de la diversidad biológica).
Se permite (lo cual fue muy discutido durante las negociaciones) que los Estados puedan solicitar garantías financieras, siempre y cuando se realice de manera coherente con las obligaciones que les corresponden según el derecho internacional (art. 10). Se deja igualmente a su libre elección el modo de trasponer el contenido del Protocolo, bien mediante la aplicación de los sistemas de responsabilidad civil ya existentes, bien mediante la elaboración de nuevas normas jurídicas específicas en esta materia (art. 12). En cualquier caso deberá ser compatible con la reglamentación internacional de la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos (art. 11).
El Protocolo incorpora finalmente las disposiciones clásicas de todo acuerdo internacional (firma, entrada en vigor, reservas, denuncia y textos auténticos), junto con una cláusula de revisión y otra de compatibilidad, amén de la regulación del entramado institucional (art. 13 a 21).
Entrada en vigor: Abierto a la firma de las Partes desde el 7 de marzo de 2011 hasta el 6 de marzo de 2012. Entrará en vigor 90 días después de haberse recibido el 40º instrumento de ratificación Normas afectadas: Complementa el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Montreal, de 29 de enero de 2000)
