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Patricia Eugenia Almaguer Kalixto
En este trabajo se analiza un proceso de integración regional que incluye a Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Panamá. Formal-mente puesto en marcha en 2001 como el Plan Puebla-Panamá (PPP) con un fuerte compromiso hacia el desarrollo sostenible y la protección medioambiental dentro de un proceso de regionaliza-ción, posteriormente cambió el nombre a Proyecto Mesoamérica (PM) con una orientación y metas diferentes. Este documento aborda dos cuestiones: a) cómo las partes interesadas han dado forma a un discurso de política medioambiental dentro de un entorno regional y cuáles son sus diferentes fases y b) cómo PPP y PM han contribuido a la gobernabilidad ambiental de la región. Los resultados sugieren que el proceso se ha caracterizado por una fuerte intervención por parte de los actores supranacionales, quienes han priorizado la liberalización sobre la agenda de desarrollo sostenible durante quince años. Este hecho debilita a la larga la capacidad de los organismos ambientales regionales para producir garantías en orden a reducir el impacto ambiental de la regionalización.
This paper analyses a regional integration process that includes Belize, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Honduras, Guatemala, Mexico and Panama. Formally launched in 2001 as the Puebla-Panama Plan (PPP) with a strong commitment to sustainable development and safeguarding the environmental dimension of the regionalisation process, its current version, renamed the Mesoamerican Project (Proyecto Mesoamérica, PM), does not have the same orientation or goals. This paper addresses two questions: a) which stakeholders and discourses shaped the regional integration’s environmental policy process during its different phases? and b) how have the PPP and PM contributed to the environmental governance of the region? The findings suggest that the process has been characterised by strong intervention on the part of supra-national stakeholders that have prioritised liberalisation over the sustainable development agenda for 15 years, weakening regional environmental agencies’ ability to produce warrants to reduce the environmental impacts of regionalisation.
