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En el presente artículo se trata de analizar la incidencia que en la definición de régimen Jurídico de los empleados públicos comienza a tener la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, específicamente, en lo que se refiere a la igualación del régimen jurídico de quienes ostentan una condición de inamovilidad y quienes no en orden a sus condiciones laborales tanto de orden estrictamente económico como de promoción y de méritos en el ámbito de su relación. La posición del Tribunal Constitucional como garante de la aplicación del Derecho Comunitario y de esta doctrina de la aproximación de Ordenamientos Jurídicos es uno de los elementos claves del presente trabajo
