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La declaración de independencia realizada por el Parlament de Cataluña el 9 de noviembre de 2015 y la actuación posterior de algunos ayuntamientos catalanes han sido calificadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como posible delito de rebelión. En el texto se exponen argumentos jurídicos (penales y constitucionales) para contradecir rotundamente dicha afirmación, que hace sospechar la utilización política de la Fiscalía, en contra de su estatuto constitucional de imparcialidad
The declaration of independence by the Parliament of Catalonia on 9 November 2015 and the subsequent actions of some municipalities have been ranked by the prosecutor of the “Audiencia Nacional” as a possible crime of rebellion. The article contradicts this claim from a criminal and constitutional perspective, and raises suspicion about the political use of the public prosecution and the fulfillment of its constitutional duties of impartiality.
