Los entes locales constituyen el escalón del estado más próximo al ciudadano y responsable de afrontar con precarios medios los servicios básicos y comunitarios. Sus tranquilas aguas locales se verán sacudidas por las leyes 39/2015 y 40/2015 que resultan ambiciosas en su objetivo (plena administración electrónica y robustecimiento de las potestades públicas de gestión), perentorias en su implantación y complejas en su interpretación. El reto para autoridades locales y funcionarios del ámbito local será colosal y se impone la armonización de criterios y calendario de puesta en marcha de la nueva administración local del siglo XXI. El precio será alto en términos económicos, técnicos, de reconversión de recursos humanos y sobre todo, de adaptación de la ciudadanía a un nuevo modelo de entender las relaciones con su administración local.