El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por unas entidades contra el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de marzo de 2013, por el que se desestiman las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas con fecha 23 de diciembre de 2011 por los daños y perjuicios causados a sus instalaciones de producción de electricidad procedente de energía solar fotovoltaica por la entrada en vigor del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre (LA LEY 23248/2010), del Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre (LA LEY 25981/2010), y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo (LA LEY 3603/2011), declarando la mencionada resolución ajustada a derecho.