La Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de marzo de 2016, sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, constituye la primera de los once recursos que se interpusieron frente a la misma predeterminando la interpretación constitucional de la Ley. Por eso se ha considerado oportuno recoger los concretos fundamentos jurídicos que el Tribunal aporta para la declaración de constitucionalidad, anulación o interpretación acorde con la Constitución de los concretos preceptos impugnados.