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El conflicto de intereses entre personas físicas y jurídicas en torno al derecho (de unas y otras) a no autoinculparse por delito fiscal trasciende el ámbito del proceso penal, pues alcanza a las «actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública» (Título VI de la Ley General Tributaria) y, en definitiva, al procedimiento inspector mismo. Las reflexiones vertidas en este trabajo se sitúan en el contexto de los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo referentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
