Las nuevas tecnologías han posibilitado el nacimiento de nuevos instrumentos de ataque contra bienes jurídicos, valiéndose de los sistemas informáticos y siendo cada vez más frecuente la producción de actos delictivos perpetrados a través de Internet. En el presente artículo se analiza si la nueva regulación del agente encubierto informático ofrece un contenido suficiente para poder acercar la justicia penal a la represión de este tipo de criminalidad.