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Julián Sánchez Melgar 
El autor comenta dos recientes sentencias del Tribunal Supremo de 22 de febrero y 4 de marzo de 2016 respectivamente, en las que el Alto Tribunal construye, una vez más, la configuración como delito de falsedad en documento oficial la de un documento inicialmente privado, cuando su única finalidad es la incorporación a un expediente administrativo.
