La Ley 7/2015, de municipios de Canarias, desarrolla el régimen local básico en el archipiélago canario. Esta ley regula las competencias propias, la transparencia y participación ciudadana, la prohibición de percibir retribuciones por los concejales no adscritos, la regulación de los órganos de gobierno y sus funciones etc. Sin embargo su afán reglamentista tiene como efecto, a juicio del autor, que invade tanto competencias básicas del Estado como la autonomía local. El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra.