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Fernando E. Arab Verdugo
La legislación laboral chilena se encuentra en una etapa de transición y consolidación. Transición, en lo que se refiere al ejercicio de los derechos colectivos por las partes integrantes de la relación laboral, debiendo encontrar el justo equilibrio que les permita a las mismas desarrollar a plenitud dichos derechos, evitando los abusos que una incorrecta utilización de los mismos puede acarrear en las relaciones laborales que viene, precisamente, a regular y resguardar; y consolidación, respecto de nuestro actual sistema procesal laboral, el cual, en estos ya ocho años de vigencia, ha demostrado una madurez que le ha valido ser ejemplo para otras legislaciones, sin perjuicio de lo cual, igualmente, debe seguir procurando otorgar más certezas que interrogantes, lo que exige que las instituciones que la propia normativa laboral contempla se utilicen justa y adecuadamente, y que nuestros tribunales, al momento de resolver las controversias que se generen entre las partes, lo hagan con pleno respeto a los derechos y garantías que la propia legislación se encarga de proteger, resguardando el debido proceso, y aplicando las normas según ordena su propio tenor, pero sin olvidar nunca el espíritu que hay detrás de ellas, pues, como manda nuestra legislación, “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”.
