Dos sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional recientes se han pronunciado sobre las llamadas «convalidaciones legislativas». Este concepto engloba figuras muy distintas que tienen en común la intervención del legislador (estatal o autonómico) en el control judicial de la actividad legislativa, bien para impedir un proceso judicial en curso contra una decisión administrativa, o bien para obstaculizar la ejecución de lo decidido por sentencia o privarlo de efectos.