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Miguel Casino Rubio 
La jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, acostumbra a decir que los hechos declarados probados por sentencia firme vinculan a la Administración (y al juez contencioso) que conoce de esos mismos hechos con ocasión de otro procedimiento. Esta regla judicial, que ha dejado también sus huellas en las normas administrativas, dista sin embargo de ser terminante, según lo testimonia la propia jurisprudencia constitucional. El presente trabajo desvela alguno de esos ejemplos constitucionales y alerta de la debilidad de la citada regla en los supuestos de doble enjuiciamiento administrativo y/o judicial de unos mismos hechos.
The jurisprudence, with the Constitutional Court at the spearhead, tends to say that proven facts via sentence bind to the administration and all judges that rule over these same facts in another case. This judicial norm, that has left its mark on the legislator, but it falls far from being absolute, as constitutional jurisprudence can testify too. This body of work reveals some of these constitutional cases and aware us of the weaknesses in the aforementioned rule.
