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María Ángeles Liñán García
En nuestros días, la tendencia generalizada de los ordenamientos jurídicos estatales occidentales es aceptar y regular otros modelos o estructuras familiares no basadas exclusivamente en la institución matrimonial sino en una relación convencional, contractual o afectiva. Y, aunque esto no supone una verdadera novedad, pues a lo largo de la Historia ya hemos podido observar cómo diferentes ordenamientos jurídicos reconocieron o toleraron formas diversas de «convivencia de hecho» junto al matrimonio, sí lo es la circunstancia de que se haya propiciado social y políticamente la paradójica situación de que las «uniones de hecho» sean consideradas jurídicamente como una realidad análoga al matrimonio, dignas de producir sus mismos efectos jurídicos.
Así, conforme a esta orientación, un amplio sector doctrinal en nuestro país se inclina a pensar que nuestra Constitución contiene una interpretación abierta del concepto de «familia». Consecuentemente, admite y protege también otros núcleos familiares no fundados exclusivamente en el matrimonio. Es más, al ser estas «uniones de hecho» una manifestación del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) una correcta interpretación de dicho artículo exige incluirlas en el concepto de familia consagrado en el art. 39 CE. No obstante, también encontramos relevantes opiniones doctrinales que aconsejan adoptar una postura más restrictiva al respecto al entender que no son realidades equivalentes, no sólo por sus diferencias constitucionales, sino también por la propia coherencia de la libre decisión de las partes de excluir la relación matrimonial. Entienden que la Constitución en su artículo 39.1 tan sólo se refiere a la «familia conyugal» que tiene su origen exclusivamente en el matrimonio. Por lo que las «uniones de hecho» no constituyen familia a pesar de reconocer que son un fenómeno socialmente muy extendido. Ante estos nuevos planteamientos que se están desarrollando, tanto a nivel social y cultural como político y legislativo, la Iglesia Católica ha manifestado abiertamente su disconformidad en reiteradas ocasiones. Considera que son un ataque directo a la institución familiar y matrimonial y el resultado de un pensamiento sustentado sobre una concepción errónea y confusa del verdadero significado y esencia de lo que constituye el «matrimonio», resultando contrarias a la auténtica identidad de la familia, a su naturaleza como sujeto social, a la titularidad de sus derechos y a lo que es más importante, a su inseparabilidad con el matrimonio.
Today, the general trend of the western national legal systems is towards the acceptance and regulation of new family structures or models not exclusively based on the institution of marriage but in a conventional relationship, either contractual or emotional. Despite there is nothing really new in that, considering throughout History some other legal systems agreed or allowed, beside marriage, some different ways of «free unions», what really means a novelty is the fact that socially and politically it has been favoured the paradoxical situation where the «de facto unions» have been lawfully considered as a reality similar to that of marriage, deserving to reach the same effects in law.
Thus, according to this tendency, a large doctrinal section in our country leans to conclude our Constitution gives a broad interpretation of the concept of «family». Consequently they admit and protect other family units, not exclusively based on marriage. Moreover, since these «de facto unions» are a manifestation of the free development of personality (Constitution, art. 10.1) a proper construction of that article requires their inclusion under the concept of family enshrined by art.39 of the Constitution. However, we can also find relevant doctrinal opinions suggesting a more restrictive stance about this issue, considering those are not equivalent realities, not only due to their constitutional differences, but also due to the own consistency of the freedom of will of the parties relating to the exclusion of the marriage relationship. In this way, the Constitution, in art. 39.1, refers only to the «conjugal family», exclusively originating from marriage, therefore «de facto unions» are not a family, despite admitting they are a widespread phenomenon. The Catholic Church, in view of these new social, cultural, and also political and legislative developed approaches, has openly and repeatedly showed its disagreement. It considers they are a direct attack on family and marriage institutions and also the result of an idea underpinned on a mistaken and confused conception of the real heart and significance of what «marriage» is, being opposite to the authentic identity of the family, to its nature as a social subject, to the ownership of its rights and, what is more important, to its inseparability of marriage.
