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Blanca Ares González
El objeto de este artículo consiste en analizar cómo ha afectado la nueva regulación del despido objetivo introducido por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la práctica de las extinciones de los contratos de trabajo suscritos por el personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como determinar cuál ha sido la respuesta ofrecida por los tribunales del orden social ante sus impugnaciones. Igualmente, se trata de poner en relieve la evolución de los planteamientos iniciales como consecuencia del diálogo generado entre instituciones, con especial atención al paradigmático caso del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, acompañado de unas breves conclusiones.
The aim of this paper is to analyze how the new regulation on dismissals, introduced by Law 3/2012 of july 6th, has affected the ordinary practice of termination of public employment contracts and to observe how it has been resolved by the labour courts.
In addition, we wish to illustrate the evolution of the initial standpoint as a result of the dialogues between public administration and the judiciary, especially regarding the Ecyl (Castille & Leon Public Employment Service) experience.
