Acceso usuarios
José Ramón Cossío Díaz
Este artículo se centra en la histórica sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010 que establece el nuevo modelo de control de regularidad constitucional en el ordenamiento jurídico mexicano. A partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y juicio de amparo de junio de 2011 y de la necesidad de insertar en el orden jurídico la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, la Suprema Corte da una solución integral acerca de cómo los juzgadores deben actualizar el principio de supremacía constitucional. Se analizan las implicaciones generales derivadas de esta relevante sentencia que, además de reconocer la obligatoriedad de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del Estado mexicano, establece un nuevo tipo de control de la regularidad de los actos de autoridad -el control difuso por parte de la totalidad de los juzgadores del país-, y precisa el nuevo parámetro de dicho control, que incluye las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales.
This article focuses on the Mexican Supreme Court's landmark decision in the Varios 912/2010 case that declares a new model of constitutional adjudication in the Mexican legal system. Taking into account the relevant constitutional amendments on human rights and the "amparo" procedure as well as the emergency of the reception in the legal system of the Inter-American Court of Human Rights ruling in the Radilla Pacheco vs. Mexico case, the Supreme Court gives a foundational solution regarding how judges should enforce the principle of the supremacy of the Constitution. The author analyzes the implications of this major decision, that not only gives full recognition and binding effects to the Inter-American Court's rulings regarding Mexico, but it establishes a whole new decentralized model of constitutional adjudication and it expands the constitutional parameter on judicial review to include human rights provided by international agreements.
