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José Ramón Chaves García 
, María Dolores Galindo Gil
La reciente incorporación del despido colectivo del personal laboral en las Administraciones Públicas por la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del merca-do laboral, con su desarrollo reglamentario, se ha convertido en un semi-llero de problemas interpretativos que afloran en los órganos jurisdiccio-nales sociales y contencioso-administrativos, con el consiguiente menos-cabo de la seguridad jurídica y con repercusión sobre las estrategias de los gestores públicos, las previsiones presupuestarias y la eficiencia de los empleados públicos.
The recent addition of the collective dismissal of the workforce in public administration by Law 3/2012 of july 6th, on urgent measures to reform the labor market, with its regulations, measures have become a hotbed of interpretive problems that arise in social and contentious-administrative courts, with the consequent impairment of legal certainty and impact on the strategies of public managers, budget forecasts and the efficiency of public employees.
