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La modificación a la Constitución Política de México en 1983, generando un cambio en la asignación de gasto público, pasando de un Estado eminentemente económico, a uno, aparentemente interesado en la promoción del desarrollo social, donde se esperarían efectos en la construcción de ciudadanía. Para esta hipótesis, se realiza un análisis exploratorio de la Encuesta de Percepción de la calidad de Vida en el Distrito Federal (2012), utilizando un modelo Probit, los resultados muestran que la confianza en las instituciones es un elemento determinante para el ejercicio de la ciudadanía, y con ello tener menor probabilidad que las personas consideren a los programas sociales no como un instrumento de control político sino como parte de sus derechos sociales.
