La racionalización o sometimiento al derecho de la monarquía española, y la actualización de su legitimidad democrática, puede ser objeto de mejora a través de una reforma constitucional que comprenda los siguientes extremos:
1. Contemplar la cesación en sus funciones del rey que incumpla sus obligaciones constitucionales regladas. 2. Aceptar la responsabilidad civil, penal y administrativa del monarca, acompañada de las suficientes garantías procesales (y en el caso de responsabilidad penal, de la apreciación anticipada por el Parlamento de la causa de cese, por incumplimiento de obligaciones constitucionales). 3. Establecer incompatibilidad entre el ejercicio de la corona y la realización de actividades lucrativas. 4. Consignar como atribuciones expresas propias de la Jefatura del Estado las actividades de representación, mediación y protocolo, extendiendo a la Familia Real la cobertura constitucional para realizarlas.