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La violencia de género representa uno de los principales y más reprochables reductos de discriminación aún existentes en nuestra Sociedad, y cualquier medida o actuación por parte de los poderes públicos a favor de su eliminación debe ser siempre bienvenida. No obstante, y ante la gravedad de la situación y la necesidad de articular instrumentos legales y judiciales suficientes para acabar con la violencia de género, diversas medidas dirigidas a conseguir la más efectiva protección de la víctima tienen un común denominador que ha sido cuestionado por cierto sector doctrinal: la reducción de la relevancia jurídica de la voluntad de la víctima.
