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Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
Se examina el contenido de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con la que se completa la reforma administrativa iniciada por la Ley 30/2015, de Procedimiento Administrativo Común. La novedad más importante de esa Ley es la separación del tratamiento, hasta ahora unitario, de ese régimen jurídico del Procedimiento Administrativo Común. Ello ha supuesto una labor al mismo tiempo disgregadora y refundidora, para establecer una normativa de aplicación directa a la Administración del Estado y una normativa básica de aplicación a todas las Administraciones Públicas.
