Después de un mes de estado de excepción, el balance se muestra poco fructífero: una única imputación por terrorismo y ninguna instrucción judicial. Mientras que los expertos en la materia reclamaban más medios técnicos, humanos y financieros para la Justicia, el Gobierno francés otorgó todo el poder a una policía desorientada, sin tener en cuenta la eficacia y las libertades fundamentales.