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El Servicio de Vigilancia Aduanera actúa en un número importante de procedimientos penales como policía judicial, auxiliando a jueces y fiscales en la averiguación del delito y en el descubrimiento y aseguramiento del delincuente. La base jurídica para este tipo de intervención es sumamente endeble, desde un punto de vista constitucional. Es objetable que el Servicio de Vigilancia Aduanera, que es un órgano adscrito en última instancia al Ministerio de Hacienda, ajeno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esté interviniendo en procedimientos penales como policía judicial. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, debe revisarse a la luz de postulados constitucionales
