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La inclusión del criterio de vencimiento objetivo en materia de costas, y las importantes consecuencias prácticas que de ello se deriva tanto para el administrado como para la Administración, unido a la falta de uniformidad de criterios en la práctica judicial, ha derivado en una actual situación de incertidumbre de tal envergadura que incluso conculca el principio a la tutela judicial efectiva. La reciente reforma de la LOPJ vuelve a incidir en el régimen de las costas procesales de la nueva casación contenciosa.
