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La reciente reforma en materia procesal penal operada por la Ley 41/2015 de 5 de octubre, pretende trasladar al Ministerio Fiscal el protagonismo en la agilización de la instrucción penal mediante la definición de un nuevo proceso, denominado de aceptación por decreto, que permite, tras un previo control judicial, el dictado de sentencia de conformidad con el contenido de aquél sin necesidad de actuación procesal alguna con reducción de la pena según la propuesta del Ministerio Fiscal, pero con un tan limitado ámbito de aplicación por lo que su trascendencia práctica se antoja mínima.
