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La elección presidencial mexicana de 2012 abrió un debate sobre la influencia que tienen las encuestas en el electorado y la regulación a que deberían sujetarse debido a sus errores. En este artículo se muestra que los sondeos de opinión influyen poco en las decisiones de voto, y que los errores en que incurren las encuestas no son infrecuentes. Se argumenta que la regulación de las encuestas debería ser limitada y con el único objetivo de minimizar el riesgo de que circule información falsa en el espacio público. Aunque en México se han tomado medidas al respecto, dicho objetivo podría lograrse de manera más firme a partir de una política de transparencia vigilada por las autoridades electorales, que obligue a las encuestadoras a colocar en medios de acceso público los documentos que se generan como parte del levantamiento de un sondeo de opinión.
The Mexican presidential election of 2012 originated a debate on the effects of polls on the electorate and the regulation that should apply to them because of their errors. In this article we show that opinion surveys have little influence on voting decisions, and the errors we often observe in poll results are relatively common. An argument is made in terms of a limited regulation of opinion polls with the goal of minimizing the risk of having false information in the public sphere. Although we find measures of this sort in Mexico, a transparency policy could facilitate the achievement of such a goal, with electoral authorities having a monitoring role and survey companies having an obligation to give public access to data and documents coming from pre-electoral polls.
