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La pertenencia de España a la Unión Europea ha provocado grandes cambios en nuestro Derecho Público, a los que no es precisamente ajena nuestra Constitución. En este trabajo, se analiza un supuesto de primacía del Derecho europeo sobre el sistema constitucional español de reparto de competencias en materia medioambiental consistente en la obligación de nuestro país de designar una única entidad nacional de acreditación, que extiende sus funciones al reconocimiento formal de la capacidad técnica de los verificadores medioambientales que operan dentro del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
El autor analiza, en este contexto, el funcionamiento del sistema europeo de acreditación, el papel de los verificadores medioambientales dentro del sistema EMAS, la compleja evolución histórica del régimen jurídico de la acreditación de estos específicos organismos de evaluación de la conformidad y la explicación jurídica del porqué y del cómo se ha producido una recentralización de competencias a favor del Estado, y en paralelo detrimento de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de la acreditación de los referidos verificadores medioambientales.
