Los nuevos paradigmas constitucionales en materia de derechos humanos erigidos a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, y de la jurisprudencia interamericana y nacional, confieren a toda autoridad la obligación de tutelar y mantener la vigencia de los derechos humanos, los cuales se han consolidado como los parámetros de control de regularidad de constitucionalidad. De ahí la importancia de que las autoridades administrativas y no sólo las judiciales, conozcan los alcances de este deber, y como su función es esencial para garantizar la eficacia del sistema jurídico. Cualquier prohibición o restricción a las autoridad administrativas para ejercer un control de constitucionalidad, merma de forma significativa la protección y ejercicio de los derechos humanos.
The new constitutional paradigms about the human rights erected from the constitutional reform of June 10, 2011, and for international and national resolutions, confer any authority the obligation to protect and maintain the observance of human rights, which have been consolidated as control parameters regularity of constitutionality. Hence the importance of administrative authorities and not only judicial authorities, aware of the scope of this duty, and as its function is essential to ensure the effectiveness of the legal system. Any prohibition or restriction to exercise administrative control of constitutionality, significantly affected the protection and realization of human rights authority.