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La racionalidad de la globalización está basada en la relación instrumental mediobeneficio. La planificación económica para la obtención de mayores ganancias cada vez en los distintos mercados parece exigir una incesante no-intervención del Estado. Sin embargo, la dinámica de la acumulación y reproducción del capital precisa de una neo-planificación de las estrategias económicas con el consentimiento del Estado en negociación con agentes transnacionales a nivel tanto estrictamente nacional y regional como global. Dicha delineación de los parámetros económicos alumbra ciertos efectos en sectores antaño regulados en exclusiva por el Estado-Nación: a saber, el derecho, la sociedad y las relaciones internacionales. De igual forma, la democracia como sistema de gobierno sufre los avatares de la economización creciente de la política, consentida por los poderes públicos. Por tanto, los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados en las cartas constitucionales como derechos fundamentales, junto al subsidiario modelo de Estado Social, son puestos en tela de juicio de manera continua por parte de la racionalidad económica, que observa en los mismos un obstáculo a salvar para la maximización de los beneficios.
