Las normas más recientes consideran el fomento de la conservación y rehabilitación del patrimonio inmobiliario residencial uno de los objetivos prioritarios de las administraciones públicas con vistas a favorecer la transformación del tejido urbano, garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada y revitalizar la actividad económica, actuando como un atractivo estímulo para el sector de la construcción. No debe perderse de vista en ningún caso la importancia de la vivienda como factor vertebrador de la cohesión social y el desarrollo económico en el tejido urbano.