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Alberto Palomar Olmeda 
Con motivo de la publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas puede ser el momento de invertir la tendencia de los análisis precedentes para centrarnos en algunos aspectos novedosos que pueden condicionar los procedimientos que las Administraciones Locales, esencialmente, deben tramitar en relación con las facultades de intervención en el uso del suelo.
