Acceso usuarios
Marta Méndez Juez
El derecho ciudadano de acceso a la vivienda debe constituir una prioridad en la actuación de los poderes públicos, ya que instituye un problema social de primer orden en España. Las Políticas autonómicas que, en tal materia, implementan dicho derecho, además de caracterizarse por su falta de homogeneidad y su desactualización informativa, se han mostrado insuficientes para satisfacer las necesidades ciudadanas de alojamiento. Pese a ello, el legislador está llevando a cabo un esfuerzo incremental por incluir diversos instrumentos normativos que hagan efectivo este derecho, especialmente aquellos que mejoren la transparencia en la oferta y la demanda de vivienda en nuestro país. Sólo alcanzando mayores cuotas de transparencia en materia de vivienda, que informen e impliquen a la sociedad, podrá ser efectivo el desarrollo de un medio urbano sostenible, el derecho a la ciudad habitable. Así, el Registro de Viviendas Desocupadas es uno de estos instrumentos innovadores que ofrecen valiosa información, el cual no sólo facilita el ejercicio del derecho de acceso a la vivienda de que goza cualquier ciudadano, sino que también ayuda a mejorar la calidad del servicio público y la fiscalización de la acción institucional en tal política pública.
