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Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor está prevista el 2 de octubre de 2016, implica una innovación legislativa en una de las materias ejes de la actividad administrativa, y ha respondido a unos objetivos ambiciosos que se indican en su exposición de motivos. La principal innovación es la separación en dos leyes de la regulación del procedimiento administrativo y de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Se examinan las líneas esenciales de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, destacando los numerosos elementos de continuidad que mantiene con la Ley 30/1992 y el alcance de las innovaciones más significativas que contiene respecto a esta última.
