Pasados cincuenta años de la masacre por parte del ejército indonesio de cientos de miles de ciudadanos comunistas o sospechosos de serlo, los supervivientes y sus familias luchan por obtener justicia. A día de hoy, ninguno de los responsables de esta campaña de terror ha sido juzgado. Y el Gobierno del presidente Joko Widodo, que llegó al poder en octubre de 2014, duda en comenzar a realizar auténticas investigaciones.