Acceso usuarios
Javier Rubio Alamillo
La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal abre una serie de desafíos informáticos difíciles de cualificar. A partir de ahora, la ley permitirá el envío de troyanos y archivos ilícitos por parte de la Policía Judicial a los sospechosos, incurriendo en inseguridad jurídica, ya que no se dispondrá de una base de datos centralizada de ficheros, con lo que cualquier tipo de fichero ilícito podrá ser enviado, ni tampoco se conocen los límites de las actividades que podrán llegar a realizar los troyanos, ni quién los programará, ni quién los auditará para que no se extralimiten en sus funciones. Además, se abre la posibilidad de que cualquier sospechoso incurso en una investigación por un delito menor, pueda verse desprovisto de sus derechos constitucionales al serle intervenidas sus comunicaciones.
