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La Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, según su modificación por la Directiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del asunto principal, que impone a los nacionales de terceros países que solicitan la expedición o la renovación de un permiso de residencia en el Estado miembro interesado el pago de una tasa cuyo importe varía entre 80 euros y 200 euros, toda vez que esa tasa es desproporcionada en relación con el objetivo perseguido por esa Directiva y puede crear un obstáculo al ejercicio de los derechos conferidos por ésta.
