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La entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la reforma operada sobre el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, proyecta sus efectos de forma decisiva y radicalmente novedosa sobre el instituto de la libertad condicional. No serán estas líneas las que analicen su nueva naturaleza jurídica como forma de suspensión de la pena, sino el examen de su nuevo plazo de duración, sus límites mínimos y máximos, la posibilidad de prórroga, sus efectos sobre la remisión de la pena y cancelación de antecedentes penales, y todo ello precisamente desde la afirmación del preámbulo de la norma de que libertad condicional pasa a ser regulada como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena.
