El Anteproyecto de Ley de resolución alternativa de conflictos de consumo se encarga de transponer el contenido de la Directiva 2013/11/UE, que busca mejorar y armonizar los procedimientos de resolución alternativa de conflictos con consumidores en el ámbito de la Unión, incluyendo los servicios financieros. La nueva regulación adolece de carencias e incoherencias en lo que concierne a la adecuación del nuevo procedimiento de resolución a la realidad de las reclamaciones formuladas por los usuarios de servicios financieros.
El presente artículo identifica y analiza aquellos aspectos controvertidos de la normativa que hacen dudar de su implantación en el sector financiero.