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Manuel Aznar López
En el segundo lustro del decenio de los cincuenta del siglo xx se llevó a cabo en España una reforma administrativa de hondo cala- do y de dilatados efectos temporales.
En el año 1958, un grupo de funcionarios del Tribunal de Cuen- tas del Reino tuvo la iniciativa de promover una revista, en cuyo primer y único número se incluyó un artículo sobre la reforma ad- ministrativa, en el que se proponía la adopción de una serie de medidas, para cuya implantación fue necesaria una larga espera.
Si el entonces Tribunal de Cuentas del Reino permaneció prác- ticamente al margen de la operación reformadora que se llevó a cabo en aquella época, el actual Tribunal de Cuentas corre el riesgo de quedar nuevamente preterido de la reforma que exige el actual contexto económico. De hecho, ni se le ha dado entrada formal- mente en los mecanismos establecidos para concretar las medidas a adoptar, ni en las disposiciones aprobadas o en proyecto aparece reflejada en grado suficiente la función fiscalizadora que tiene atri- buida. Para que el Tribunal no pierda el tren de la reforma sería necesario modificar la Ley 7/1988, de 5 de abril, así como implan- tar instrumentos de gestión de la calidad y de la excelencia con vistas a mejorar la eficiencia de su actividad
