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Enriqueta Chicano Jávega, Ana Cossío Capdevilla, Manuel Ángel Aguilar Belda, Manuel Lagarón Comba
Podría afirmarse que una forma adecuada de cerrar el ciclo de fiscalización llevado a cabo por un órgano como el Tribunal de Cuentas (TCu) es el seguimiento de las recomendaciones reflejadas en cualquiera de sus informes. Si esta labor se llevara a cabo de forma recurrente en cada entidad u organismo fiscalizado y, en cualquier caso, siempre después de cada proceso de revisión, el impacto de la actividad fiscalizadora del Tribunal, no sólo sería apreciable en lo referente al cumplimiento de los principios clási- cos de buena gestión por parte de tales organismos; sino que el efecto podría ser medible también en términos monetarios y, de este modo, cuantificado. Sería, por tanto, la huella financiera posi- tiva producida por la citada actividad, también llamado impacto financiero de la fiscalización (en adelante IF).
Quizá, los tiempos actuales inviten a los órganos de control a esforzarse en evidenciar mejor su cometido, tanto por el empeño en la observancia del cumplimiento de dichos principios clásicos, como por su propia eficiencia, al poner de manifiesto el valor eco- nómico de todo aquello que ha supuesto una mejora o un beneficio público como consecuencia del ejercicio de su tarea.
Los ámbitos de gestión que son más proclives a ser fiscalizados desde esta perspectiva; la importancia del diseño de las recomen- daciones para que su adopción permita un adecuado seguimiento y evaluación de las mismas; la propuesta de una metodología a se- guir, así como la presentación de un caso real, son algunos de los aspectos que se intentan abordar en el presente artículo.
