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El artículo expone el modelo normativo de protección a la familia y a la infancia establecido en los ordenamientos jurídicos chileno y español. Si bien es cierto que ambos ordenamientos encomiendan de manera preferente a los progenitores la obligación de prestar determinadas funciones encaminadas a dar efectividad a los derechos fundamentales de las personas menores de edad; no es menos cierto que la separación entre lo público y lo privado cada vez se encuentra más difuminada y las responsabilidades más compartidas entre la familia y los poderes públicos. Efectivamente, esa tensión permanente que viven lo privado y lo público debe traducirse en una clara delimitación de su ámbito de afectación, para evitar una excesiva intromisión del Estado en los espacios vivenciales propios de las familias.
