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La crisis económica que ha atravesado España ha tenido como una de sus consecuencias, el replanteamiento de las contrataciones bancarias. La reforma de las prácticas existentes hasta la actualidad ha repercutido en el ámbito procesal de las ejecuciones hipotecarias. Las diferentes cámaras parlamentarias han dictado normas que intentan proteger al deudor y equilibrar su posición frente al acreedor. El Parlament de Catalunya no constituye una excepción a esta realidad y dicta normas que desvirtúan la tramitación de la actual ejecución hipotecaria, creándose una ejecución hipotecaria especial respecto de los procesos incoados en partidos judiciales de Cataluña.
