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Ricardo Espinoza, Sergio Urzúa
Este documento pone en contexto la propuesta de gratuidad en el sistema de educación superior chileno. El texto presenta una estimación de los costos de la propuesta bajo distintos escenarios, y discute algunos de los problemas prácticos asociados a su implementación. La gratuidad puede significar obligaciones para el fisco superiores a un punto del producto, y de no incrementar proporcionalmente el gasto en el resto de los niveles educacionales, constituiría a Chile en la nación de la OCDE que menos gasta relativamente en educación primaria y secundaria respecto de educación terciaria. Mostramos que Chile ha logrado avanzar rápidamente en cobertura, aún cuando no ha seguido un sistema gratuito de educación superior. Por otra parte, planteamos que las fallas actuales del sistema se deben a la ineficiente estructura de financiamiento de las instituciones y a una falta de competencia por calidad. Creemos que Chile debiese avanzar hacia un sistema en el cual se generen incentivos para asegurar la calidad y en donde los aranceles de matrícula reflejen los costos y calidad reales asociado a lo que recibe el estudiante. El Estado puede contribuir a este proceso desarrollando procesos competitivos por fondos públicos en donde las instituciones de educación superior puedan participar en igualdad de condiciones, con proyectos evaluados por su mérito y no por las características de quien los propone. Con todo, mayores recursos para dichas actividades asignadas en base a un sistema objetivo, no discriminatorio y transparente en su asignación, y mayor competencia en el sistema, terminaría no solamente reduciendo los costos arancelarios sino que también incentivaría la calidad. Nuestras conclusiones si bien aplican a Chile, pueden ser extrapolados a otras naciones en vías de desarrollo.
This paper examines the economic consequences of making tertiary education free in Chile. We present cost estimates under different scenarios and we discuss the complexity of its implementation. We document the significant improvements in coverage in the country, which resulted from private efforts to pay for tertiary education. On the other hand, we argue that current market failures are due to the inefficient financing system, poor information, and the lack of competition for quality. None of these reasons justify making education free of charge. Our results suggest that making tertiary education free would impose a fiscal burden of 1% of GDP. Given this increase, and keeping public expenditure constant across other education levels constant, Chile would become the OECD country with the highest expenditure in tertiary education relative to primary and secondary levels. We argue that Chile should promote competition among institutions, with tuition costs reflecting it. The State may contribute to this process by providing funds to institutions on a competitive basis avoiding any form of discrimination. This would improve programs, infrastructure and quality in general. More resources allocated on a competitive basis and using transparent mechanisms should not only reduce tuition costs but also incentive investments leading to higher quality.
