La transparencia es un concepto recurrente, pero al mismo tiempo es un proceso técnico con numerosas derivaciones jurídicas, organizativas, procedimentales e informáticas. Implantar políticas y mecanismos de transparencia, participación y gobierno abierto en los Ayuntamientos supone cumplir la legislación sobre transparencia (la estatal y la ya prolija normativa autonómica), pero antes de esto desarrollar las obligaciones legales pendientes desde hace años, contenidas en la legislación sobre administración electrónica (registro electrónico, ENS, ENI...), sobre derecho público (perfil de contratante, ley de reutilización...) y sobre régimen local (participación ciudadana, competencias de las Diputaciones en materia de administración electrónica...)