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Manuel Silva-Ardanuy
El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, el saneamiento presupuestario y las medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Entre ellas, y esto es importante, centró la atención en la imperiosa necesidad de modernizar la administración pública. La recomendación del Consejo europeo relativa al Programa nacional de reforma de 2013 de España, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016 sitúa al estado Español en la necesidad de reformar su Administración Pública y por tanto proceder a modificación de la planta local española, las competencias prestadas por los Ayuntamientos y el soporte presupuestario de servicios que atendían los derechos sociales ciudadanos. El presente artículo tiene por objeto conocer el alcance de las medidas para la reforma de la Administración local y su efecto en el cumplimiento efectivo de los derechos sociales.
On March 14, 2013, the European Council approved the priorities to ensure financial stability, fiscal consolidation and measures to promote growth. Between them, and this is important, it focused on the urgent need to modernize the public administration. The recommendation of the European Council relating to the national reform programme of 2013 of Spain, which is issued an opinion of the Council on the stability programme of Spain for 2012-2016 confronts the Spanish State on the need to reform its public administration and therefore proceed with modification of the Spanish local plant, the competencies provided by councils and the budgetary support services attending the social rights of citizens. This article aims to know the extent of the measures for the reform of the local administration and its effect on the effective enforcement of the social rights.
